Es la escena más habitual del “phishing” un enlace que parece del banco, introduces tus claves, confirmas con el código SMS… y desaparece el dinero. Al reclamar, la respuesta del banco suele ser la misma: “usted actuó con negligencia grave; no le corresponde devolución”
El pasado 15 de octubre de 2026, el Tribunal de Justicia de la UE ha manifestado que esa respuesta ya NO es válida (asunto C-70/25, Tukowiecka).
El supuesto de partida es el de una clienta polaca que vendía un objeto en un portal de subastas. El supuesto comprador le envió un enlace falso, ella accedió a una web que imitaba a la de su banco, introdujo sus credenciales y facilitó el código SMS. Le transfirieron unos 705 €. Lo notificó al día siguiente al banco y a la policía. El banco se negó a devolver nada alegando negligencia grave.
La Sentencia mencionada interpretando los artículos de la Directiva 2015/2366 de servicios de pago (art 73 y 74 PSD2), y viene a establecer tres ideas clave:
- El banco debe devolver de inmediato, y como máximo al final del día hábil siguiente a la notificación de la operación no autorizada.
- La negligencia grave del cliente no le permite retener el dinero. El artículo 73 solo admite una excepción: que el banco tenga motivos razonables para sospechar que existe fraude y lo comunique por escrito a la autoridad nacional competente.
- Cambian las reglas de aplicación: Primero se devuelve, y después se discute. La Sentencia considera de aplicación el artículo 73 de la Directiva 2015/2366 que regula la devolución inmediata; y, el artículo 74 regula el reparto final de la responsabilidad en una fase posterior. Por tanto, si el banco considera que hubo negligencia grave, podrá reclamársela después al cliente, pero será él quien deba probarla (art. 72.2 PSD2).
En definitiva, la Sentencia no exonera al cliente negligente: si el banco demuestra la negligencia grave, podrá recuperar lo devuelto. Ahora bien, lo que cambia considerablemente es quién soporta la pérdida mientras tanto y quién tiene que tomar la iniciativa judicial. Algo absolutamente lógico y coherente con la Directiva que persigue garantizar una elevada protección del consumidor.
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