Los inmigrantes digitales y la España vaciada se rebelan contra la digitalización y el fin de la atención presencial de la banca y de otros servicios esenciales y públicos.

Nadie puede negar las bondades que, por lo general, brindan los avances tecnológicos y la digitalización de ciertos procesos, a los que nos hemos referido en este blog de Derecho. Sin embargo, el proceso de digitalización trae a su vez consecuencias negativas que tampoco deberían ser ignoradas.

Y una de las consecuencias perniciosas es el riesgo de exclusión y la brecha digital que en mayor o menor medida sufren las personas que no son nativos digitales, esto es aquellas que no han crecido en la era digital, sino que en su lugar han tenido el primer contacto con los sistemas digitales siendo adultos: los inmigrantes digitales.

Este post, que viene al hilo de la campaña que ha saltado a los medios estos días llamada «Soy mayor, no idiota«. Dicha campaña aglutina a muchos mayores, tanto inmigrantes como analfabetos digitales, que se sienten olvidados y desamparados en la era de la digitalización de los servicios bancarios en la que cada vez hay menos trato personal y humano; y más tecnología, máquinas e Internet que no todos saben o pueden usar. La banca electrónica requiere soltura digital para operar de manera eficaz, ya sea por una conexión a la red inadecuada o por falta de las habilidades necesarias para su manejo. Aunque a quienes lean estas líneas, les pueda parecer extraño, no todos los ciudadanos tienen un ordenador último modelo en casa ni son expertos en banca digital. Ni tienen que serlo. y tanto la Administración como el sector bancario deberían tenerlo presente.

No es cuestión de formar digitalmente a las personas mayores, ni de cibervoluntarios, sino de permitir accesibilidad física y presencial para quién lo demanda y lo necesite. Es más, muchos de los clientes que ahora se ven afectados por la digitalización, a buen seguro, cuando contrataron con sus entidades bancarias no conocían los cambios y limitaciones que se encontrarían en el futuro para poder operar con su dinero de forma presencial en sus bancos. Por tanto, cuando contrataron y prestaron su consentimiento a las condiciones que establecía su banco, no se incluían muchas de las medidas y restricciones de servicios presenciales que sufren hoy día, lo cual debe relacionarse con la imposibilidad de que se produzca una modificación unilateral de las condiciones del contrato, como establece el artículo 85 del Texto refundido de la Ley General para la Defensa de los Consumidores y Usuarios y otras leyes complementarias. O también podríamos referirnos al artículo 1256 del Código Civil según el cual, la validez y el cumplimiento de los contratos no pueden dejarse al arbitrio de uno de los contratantes.

A raíz de la campaña citada, y de la polémica suscitada, el gobierno ha instado a la banca a revisar su estrategia y garantizar la inclusión financiera de las personas mayores. Estaremos atentos a las novedades en la materia, ya que tarde o temprano nos afectarán a todos debido al constante y acelerado proceso de digitalización ya no solo de la banca, sino también de la propia administración pública y otras empresas de servicios básicos como suministros de electricidad, agua, gas, etc. Debemos ser solidarios con analfabetos e inmigrantes digitales pues conforme avanza nuestra edad más complicado se nos hará seguir la fugaz estela digital. Somos los inmigrantes tecnológicos del mañana.

 

José Miguel Méndez Padilla

Abogado – Socio Director

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