Méndez Padilla Abogados https://mendezpadilla.es Abogados en Málaga Tue, 01 Dec 2020 11:12:38 +0000 es hourly 1 https://mendezpadilla.es/wp-content/uploads/2019/06/cropped-favicon-1-32x32.png Méndez Padilla Abogados https://mendezpadilla.es 32 32 ¿Qué seguros de vehículos son obligatorios en España? https://mendezpadilla.es/seguros-obligatorios-vehiculos-espana/ https://mendezpadilla.es/seguros-obligatorios-vehiculos-espana/#respond Tue, 01 Dec 2020 11:12:38 +0000 https://mendezpadilla.es/?p=1123 Repasamos cuáles son los seguros de vehículos obligatorios en España y cuyas primas serían reclamables debido a la minoración del riesgo durante el estado de alarma.

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Todos los vehículos son asegurables con distintos riesgos y coberturas a elección del tomador del seguro, salvo algunos mínimos que son obligatorios.

Mucho hemos hablado sobre seguros y minoración de riesgos durante este año 2020 que pasará tristemente a la historia como el año de la COVID-19. Desde nuestro punto de vista como abogados especializados en Derecho Civil y, particularmente, en los derechos del consumidor era importante señalar que es posible reclamar una minoración de la prima del seguro de nuestros vehículos ya que hemos incurrido en un menor riesgo de accidente durante el estado de alarma y así lo manifestamos en nuestro anterior post Reclamación de la prima de seguro obligatorio durante la COVID-19.

Sin duda, lo argumentado en dicho post es de especial interés para empresas que cuentan con una flota de vehículos numerosa como pueden ser las empresas de transporte o de alquiler de vehículos. No obstante, en este post simplemente vamos a enumerar cuáles son los seguros de vehículos que son obligatorios a día de hoy en España:

  • El seguro de responsabilidad civil obligatoria para vehículos de motor.
  • El seguro de responsabilidad civil para las embarcaciones de recreo o deportivas.
  • El seguro obligatorio deportivo, que se tiene que subscribir por las diferentes federaciones deportivas de España para los deportistas inscritos en cada una, los cuales participen en competencias estatales, protegiendo de esa manera al deportista de los posibles riesgos para la salud causados por la práctica deportiva.
  • El seguro de responsabilidad civil si se utilizan motos náuticas.
  • El seguro de responsabilidad civil para dueños de buques civiles españoles o extranjeros, que atraquen en puerto español y que tengan un arqueo igual o superior a 300 toneladas de registro bruto.
  • El seguro de responsabilidad civil ilimitada para las diferentes compañías que realicen transporte escolar y de menores de edad.

Si tienes contratado alguno de estos seguros obligatorios recuerda que podemos ayudarte con la reclamación a tu aseguradora, algo que es especialmente necesario para ganar liquidez por las empresas que no han puesto en riesgo sus flotas de vehículos pero que tampoco han obtenido ingresos por su actividad.

 

Daniel García Ramírez

Graduado en Derecho

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Prórroga de la moratoria concursal y aprobación de nuevas medidas sobre convenios y refinanciaciones https://mendezpadilla.es/prorroga-moratoria-concursal-nuevas-medidas-convenios-refinanciacion/ https://mendezpadilla.es/prorroga-moratoria-concursal-nuevas-medidas-convenios-refinanciacion/#respond Tue, 24 Nov 2020 07:17:05 +0000 https://mendezpadilla.es/?p=1118 El Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre extiende y aprueba algunas medidas en el ámbito de la Administración de Justicia. 

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Con motivo de la duración de la crisis sanitaria producida por la COVID-19 y los efectos que está produciendo sobre el tejido empresarial, el Gobierno ha decido extender y aprobar algunas medidas en el ámbito de la Administración de Justicia. 

Concretamente se han aprobado en el Real Decreto-Ley 34/2020, de 17 de noviembre, de medidas urgentes de apoyo a la solvencia empresarial y al sector energético y, en materia tributaria, cuya Disposición Final Décima incorpora novedades relevantes en el ámbito concursal y que desglosamos a continuación:

Ampliación de la moratoria concursal

Se ha ampliado el plazo de moratoria concursal hasta el 14 de marzo de 2021 inclusive la suspensión de solicitar la declaración del concurso de acreedores. Igualmente, se suspende hasta dicha fecha, la obligación del juez de tramitar las solicitudes de concurso necesario presentadas por los acreedores desde el 14 de marzo 2020.

Incumplimiento de convenios y de acuerdos extrajudiciales de pagos

Las empresas que se encuentren con dificultades y que, tuviera aprobados convenios de acreedores o suscritos acuerdos extrajudiciales de pago, gozarán de una extensión de los plazos para renegociarlos. Pero hay que señalar que los acreedores podrán presentar solicitudes de incumplimiento de dichos convenios o acuerdos, aunque esas solicitudes no serán admitidas a trámite inmediatamente. En este sentido, hay que aclarar que esas solicitudes se tramitarán de la siguiente forma:

  • Solicitudes de incumplimiento presentadas hasta el 31 de octubre inclusive: se trasladarán al deudor, pero no se admitirán a trámite hasta el 31 de enero de 2021. Durante este lapso de tiempo, el deudor podrá formular una propuesta de modificación del convenio o acuerdo extrajudicial de pagos, que se tramitarán con carácter prioritario.
  • Solicitudes de incumplimiento presentadas entre el 31 de octubre y el 19 de noviembre de 2020 y que se hubiesen admitidas a trámite: se procederá a su suspensión durante tres meses. Si durante ese periodo de tiempo, el deudor formulase una propuesta de modificación del convenio o del acuerdo extrajudicial de pagos, se dará trámite a la misma y se archivará la solicitud de incumplimiento.
  • Solicitudes de incumplimiento presentadas entre el 31 de octubre de 2020 y 31 de enero de 2021: se trasladarán al deudor, pero no se tramitarán hasta el 30 de abril de 2021. Durante dicho plazo, el deudor podrá formular una propuesta de modificación del convenio o del acuerdo extrajudicial de pagos, que se tramitará con carácter prioritario.

Incumplimiento de acuerdos de refinanciación

Igualmente, las empresas que tuvieran suscritos acuerdos de refinanciación podrán beneficiarse de una ampliación de plazos para renegociar los mismos o proponer nuevos planes. Los acreedores de dichas empresas podrán solicitar el incumplimiento de dichos acuerdos de refinanciación originales, pero dichas solicitudes se gestionarán de la siguiente forma:

  • Las solicitudes de incumplimiento presentadas hasta 31 de octubre de 2020 inclusive: se les dará traslado al deudor, pero no se tramitarán hasta el 30 de noviembre de 2020.
  • Las solicitudes de incumplimiento presentadas en el lapso de tiempo comprendido entre el 31 de octubre de 2020 y 31 de enero de 2021: se les dará traslado al deudor, pero no se admitirán a trámite hasta el 28 de febrero de 2021.

Durante los plazos en los que no se cursen a trámite las solicitudes de declaración de incumplimiento, el deudor podrá poner de manifiesto al juzgado su intención de renegociar el acuerdo de refinanciación (aunque no hubiese transcurrido un año desde la anterior homologación), en ese caso, el deudor contará entonces con tres meses adicionales para alcanzar un acuerdo de modificación que sustituyese el que se encontrase en vigor, o perfeccionar uno nuevo.

En Méndez Padilla Abogados como abogados expertos en Derecho Concursal mantenemos atención permanente a las modificaciones legislativas que, condicionadadas por la evolución de la pandemia, afectan a la normalidad concursal.

 

Javier de la Cruz Rodríguez

Graduado en Derecho

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El principio acusatorio en el ámbito de derecho administrativo sancionador https://mendezpadilla.es/principio-acusatorio-derecho-administrativo-sancionador/ https://mendezpadilla.es/principio-acusatorio-derecho-administrativo-sancionador/#respond Tue, 17 Nov 2020 07:14:20 +0000 https://mendezpadilla.es/?p=1111 Una reciente sentencia del Tribunal Supremo establece cómo debe interpretarse desde ahora el principio acusatorio en el ámbito del derecho administrativo.

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Una reciente sentencia del Tribunal Supremo establece cómo debe interpretarse desde ahora el principio acusatorio en el ámbito del derecho administrativo.

Cualquier ciudadano como administrado puede verse afectado, alguna vez, por una sanción impuesta por una Administración en el ámbito municipal, autonómico o estatal, al realizar cualquier actuación que pudiera tener encaje en alguna norma dentro del amplio y diverso abanico de normas y materias que implica el ámbito de actuación del derecho administrativo sancionador (tráfico, urbanismo, consumo, tributos, etc..).

En dichos procedimientos es frecuente que el ciudadano al realizar los escritos de descargo, o, en su caso, al formular los respectivos recursos, en su defensa invoque y/o alegue principios del derecho penal, por ser extrapolables al derecho administrativo sancionador.

El principio acusatorio constituye una de las garantías estructurales del proceso penal, cuya protección se reconoce por el artículo 24.2 de la Constitución Española, y aparece siempre vinculado al derecho de defensa, al derecho a un proceso con todas las garantías legales y al derecho a ser informado de la acusación.

Recientemente, la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso-Administrativo del Tribunal Supremo ha dictado una sentencia en la que fija la doctrina de cómo debe interpretarse a partir de ahora el principio acusatorio en el ámbito del derecho administrativo, declarando que dicho principio en este ámbito, -a diferencia de lo que sucede en al ámbito penal-, debe modularse de tal forma que el órgano competente para resolver un expediente sancionador puede imponer una sanción, modificando, para ello, la calificación jurídica efectuada por el órgano instructor, siempre que no se base en la consideración de hechos distintos de los hechos determinados en la fase de instrucción,  y se respete el derecho de defensa, en los términos establecidos en el artículo 90.2 de la Ley 39/2015, de 1 de octubre, del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones Públicas (anteriormente, el artículo 20 del Real Decreto 1398/1993, de 4 de agosto, por el que se aprobó el Reglamento del Procedimiento para el Ejercicio de la Potestad Sancionadora).

La consecuencia de dicha doctrina es que a partir de ahora el administrado deberá prestar especial cuidado al formular alegaciones alegando la vulneración de este principio, y sobre todo deberá tener en cuenta los hechos que se describan en la propuesta de inicio del expediente sancionador, al quedar vinculado el órgano competente para la imposición de la infracción a los hechos que en la instrucción se le imputen.

En nuestra opinión, dicha doctrina jurisprudencial supone un paso hacia atrás en la defensa de cualquier persona o entidad frente a la Administración, toda vez que, con esta doctrina del Tribunal Supremo, el órgano que resuelva de forma definitiva la imposición de una sanción podrá apartarse definitivamente de la calificación jurídica del instructor del procedimiento con el consiguiente desconcierto e indefensión para el administrado, que deberá prestar especial atención a los hechos que se imputen, ya que los mismos pueden derivar en una u otra sanción.

 

Ana Díaz Rosado

Abogada

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El retracto en la cesión de cartera de créditos litigiosos https://mendezpadilla.es/retracto-cesion-cartera-creditos-litigiosos/ https://mendezpadilla.es/retracto-cesion-cartera-creditos-litigiosos/#respond Wed, 11 Nov 2020 10:36:18 +0000 https://mendezpadilla.es/?p=1105 Una reciente sentencia pone en la actualidad jurídica el ejercicio del derecho de retracto sobre créditos litigiosos.

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Una reciente sentencia pone en la actualidad jurídica el ejercicio del derecho de retracto sobre créditos litigiosos.

A raíz de la publicación de la reciente Sentencia del Tribunal Supremo de 5 de octubre de 2020 (STS 3164/82020),  venimos a hablaros del ejercicio del derecho de retracto sobre créditos litigiosos adquiridos mediante carteras de créditos.

Por lo general, en supuestos de cesión de créditos, en los que se transmiten derechos de créditos de los que es titular una persona física o jurídica acreedora, y que son adquiridos por un tercero ajeno a la relación primigenia de la que proviene el crédito, opera el llamado retracto de crédito litigioso, que supone que el deudor puede extinguir su crédito abonando al cesionario el importe que ha recibido por la transmisión del mismo al cedente.

El retracto de crédito litigioso se regula en el artículo 1.535 del Código Civil de la siguiente manera literal:

“Vendiéndose un crédito litigioso, el deudor tendrá derecho a extinguirlo, reembolsando al cesionario el precio que pagó, las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho.

Se tendrá por litigioso un crédito desde que se conteste a la demanda relativa al mismo.

El deudor podrá usar de su derecho dentro de nueve días, contados desde que el cesionario le reclame el pago.”

Esta figura hunde sus raíces en el Derecho Romano, basado en “razones de humanidad y de benevolencia (tam humanitatis quam benevolentiae plena)”, y en prevención y evitación de abusos de los especuladores de pleitos. A día de hoy resulta plenamente vigente para la venta o cesión de créditos individualizados, siempre que se cumplan los requisitos establecidos, que en síntesis son que exista una cesión onerosa del crédito que tiene carácter litigioso, y que se ejercite el derecho en el plazo de caducidad de nueve días acompañado del pago o consignación de la cantidad pagada por el cesionario más los intereses y costas.

Sin embargo, la cosa cambia cuando hablamos de la cesión de una cartera de créditos por un precio unitario, y como establece la Sentencia citada, no es posible aplicar el artículo 1.535 del Código Civil, en supuestos de cesión de un conjunto o cartera de créditos por un precio alzado. Esto se debe a que las carteras o conjuntos de créditos se ceden o transmiten por un precio alzado que se valora el conjunto, y aunque estas identifiquen en su clausulado los créditos cedidos y el importe pendiente de los mismos no se estipula un precio individualizado por cada uno de los créditos objeto de transmisión, ya que la cartera se vende como un todo y no como la suma de tantas compraventas como objetos (créditos) comprende. Las partes contemplan un único objeto (la totalidad de la cartera) y un único precio, dando nacimiento a un único contrato en el que no se tiene cuenta la individualidad de los diferentes derechos o créditos que se venden.

Por tanto, como las partes contemplan un único objeto (la totalidad de la cartera) y un único precio, dando nacimiento a un único contrato, no sería posible ejercitar el derecho sobre un crédito de los que se incluyen en la cartera, puesto que no sería factible que el deudor determinarse el valor de los créditos individuales que integran la cartera estableciendo una prorrata, es decir una relación proporcional del importe del crédito en relación con la suma de todos los créditos cedidos y con el precio de la cesión.

No obstante, para concluir, me gustaría exponer un ejemplo práctico como sería el de una persona física o jurídica que ostenta un crédito litigioso y cede ese crédito a un tercero que lo adquiere para reclamar el pago al deudor, pudiendo encontrarse el cesionario que al reclamar el crédito, el deudor lo extinga reembolsándole a este cesionario el precio que pagó, más las costas que se le hubiesen ocasionado y los intereses del precio desde el día en que éste fue satisfecho. Sin embargo, poniendo contrapunto al ejemplo, si una entidad financiera vende 100 créditos litigiosos a un fondo de inversión que los adquiere por un 20% del valor conjunto de éstos créditos. Este fondo como cesionario reclamará a cada uno de estos deudores el crédito por el 100% de su valor. Aunque en estos casos, el deudor no está facultado a ejercitar el llamado derecho de retracto de crédito litigioso, ya que estos créditos se transmiten en conjunto por un precio unitario sin un desglose del precio por cada uno de estos créditos. Por tanto, no existe un precio concreto o individual para cada crédito cedido que permita el retracto, ni puede determinarse, mediante operaciones aritméticas, el valor de ese crédito individualizado incluido en una cartera de créditos.

Debido a pormenores como los señalados, como abogados especializados en Derecho Civil y Derecho Mercantil ofrecemos asesoramiento en materia de adquisición de créditos litigiosos por empresas y particulares cesionarios, asesoramiento a deudores que han visto cómo sus acreedores ceden el crédito litigioso a un tercero que es el que se lo reclama.  Y por último, cerrando el círculo, asesoramiento a los acreedores (cedentes) que pretendan ceder uno o varios créditos litigiosos para evitar que los deudores puedan ejercer el retracto del crédito litigioso.

Rafael Roldán Álvarez-Claro

Abogado

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No habrá más plazo para los deudores https://mendezpadilla.es/fecha-expiracion-ampliacion-plazo-concurso-acreedores-covid-19/ https://mendezpadilla.es/fecha-expiracion-ampliacion-plazo-concurso-acreedores-covid-19/#respond Thu, 05 Nov 2020 13:34:43 +0000 https://mendezpadilla.es/?p=1100 Se acerca la fecha de expiración de la ampliación excepcional del plazo al deudor para solicitar concurso de acreedores.

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Se acerca la fecha de expiración de la ampliación excepcional del plazo al deudor para solicitar concurso de acreedores: 31 de diciembre de 2020.

Como ya publicamos en nuestro post Análisis de las principales medidas concursales y societarias contra el COVID-19 de fecha 29/4/20, a raíz de la situación de excepcionalidad generada como consecuencia del COVID-19, y conforme a lo recogido en el art. 6 Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia que derogó el Real Decreto Ley 16/2020, de 28 de abril, de medidas procesales y organizativas para hacer frente a la COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia, se produjo una ampliación excepcional del plazo del que dispone el deudor insolvente hasta el 31 de diciembre de 2020 para presentar el concurso de acreedores, incluso si hubiese efectuado la comunicación del 5 bis de la LC (actual 583 TRLC) antes de la declaración del estado de alarma.

Efectivamente, el apartado 1 del artículo 6 de la Ley 3/2020, de 18 de septiembre, de medidas procesales y organizativas para hacer frente al COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia estableció que:

 “Hasta el 31 de diciembre de 2020 inclusive el deudor que se encuentre en estado de insolvencia no tendrá el deber de solicitar la declaración de concurso, haya o no comunicado al juzgado competente la apertura de negociaciones con los acreedores para alcanzar un acuerdo de refinanciación, un acuerdo extrajudicial de pagos o adhesiones a una propuesta anticipada de convenio”.

Pues bien, esta fecha límite (31/12/20) se acerca -dicho en términos populares, “está a la vuelta de la esquina”- , y, en consecuencia, nos vemos en la obligación de recordarlo y llamar la atención sobre la llegada de este plazo, pues, lógicamente, dicha solicitud requiere la confección de una prolija documentación y de requisitos formales, además de un análisis y un estudio minucioso de las causas y circunstancias que han abocado al deudor a dicha situación por parte de los profesionales intervinientes en dicho proceso, con lo que en los despachos de abogados especializados en materia concursal, como el nuestro, se empieza a notar el aumento de la demanda de este tipo de servicios profesionales por parte de clientes que se encuentran en esta tesitura.

A nadie se le escapa la dificilísima situación económica y financiera que estamos viviendo y padeciendo en nuestro país, y especialmente los autónomos, profesionales y empresas, que, además y lamentablemente, parece que se está agudizando en estas últimas fechas como consecuencia de la progresión de la pandemia, lo que, sin duda, hace prever una verdadera avalancha de solicitudes de concursos de acreedores en los últimos días del mes de diciembre próximo, y que, según todos los indicios, colapsarán los Juzgados de lo Mercantil de nuestra ciudades, que, ya de por sí, cuentan habitualmente con una sobrecarga desmesurada de trabajo.

Es por ello que aconsejamos a las personas físicas o jurídicas que se encuentren en situación de dificultades económicas o financieras que acudan a un profesional a tiempo. Primero para conocer si la situación, realmente, es o no de insolvencia o de una simple impuntualidad en los pagos, y, en segundo lugar, para, si fuera necesario, utilizar el mecanismo legal, que además es una obligación legal, de la solicitud de concurso de acreedores, pues, como venimos diciendo, en breve se acaba el plazo excepcional actual para su presentación, lo que tendrá lugar –repetimos, aunque pequemos de cansinos- el 31 de diciembre de 2020.

Por cierto, a partir de esa fecha, ya sí se admitirán a trámite las solicitudes de concurso necesario, lo que redunda aún más en la necesidad de presentar concurso voluntario por parte del deudor insolvente dentro del límite del plazo pues, de forma excepcional, no habrá más plazo para los deudores.

 

José Miguel Méndez Padilla Abogado – Socio Director

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Reclamación de la prima de seguro obligatorio durante la COVID-19 https://mendezpadilla.es/reclamacion-prima-seguro-obligatorio-covid19/ https://mendezpadilla.es/reclamacion-prima-seguro-obligatorio-covid19/#respond Thu, 29 Oct 2020 10:14:44 +0000 https://mendezpadilla.es/?p=1088 Debido al menor riesgo de accidente durante las restricciones de movilidad, podemos reclamar una menor prima en el seguro del coche.

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Debido al menor riesgo de accidente durante las restricciones de movilidad, podemos reclamar una menor prima en el seguro del coche.

Según observaba nuestro compañero José Miguel Méndez Padilla en su post Demandas y reclamaciones frecuentes tras el estado de alarma publicado en este blog el 03/07/2020 comienzan a vislumbrarse las primeras reclamaciones a aseguradoras por parte de usuarios y consumidores con el objetivo de una minoración de la cuota en sus primas de seguro:

“Estas reclamaciones tienen su fundamento y causa última, como decimos, en la ausencia de la contraprestación contratada o en el desequilibrio en las mismas, fundamentalmente como consecuencia de la restricción o prohibición de la movilidad, lo que ha llevado aparejado que el usuario no pudiera hacer uso de determinados bienes o no haya recibido los servicios contratados.

[…]

Especial referencia cabe hacer a las reclamaciones a las “Compañías de Seguros” por parte de los conductores, habida cuenta que no se ha podido conducir desde mediados de marzo. […] la Ley 50/1980, de Contrato de Seguro, que establece que «al finalizar el período en curso cubierto por la prima, deberá reducirse el importe de la prima futura en la proporción correspondiente» a la disminución del riesgo.

La propia Ley 50/1980 está previendo esta situación, y pensemos la trascendencia económica que ello puede tener, no ya solo para el conductor individual, sino para empresas como los “Rent a car”, con flotas de cientos de vehículos que no han podido ser usados durante el estado de alarma, periodo durante el cual la aseguradora no ha tenido riesgo alguno. Esta misma circunstancia se produce en el caso de las autoescuelas o en el de las empresas de autocares, y en otros muchos sectores, que han abonado importantes cantidades por unos seguros que no han tenido riesgo alguno, y que ha llevado, según nos consta, a la presentación de las primeras demandas como consecuencia del estado de alarma.”

Partiendo de estas premisas pongamos el foco ahora en el caso concreto de una reclamación de minoración de cuota de la prima del seguro de nuestro vehículo.

A menor riesgo de accidente, menor prima en el seguro del coche

La minoración del riesgo viene condicionada por una situación de movilidad limitada para los particulares, que solo podían conducir en casos de primera necesidad, o bien, movilidad imposibilitada para las actividades comerciales. Por lo tanto, es justo y lógico que las Entidades Aseguradoras devuelvan un porcentaje de la prima por los meses que se han visto minorado estos riesgos.

En cuanto a las opciones que tiene el usuario a fin de que se pueda erradicar esta situacion de “desventaja” barajamos este abanico de posibilidades:

  • Que la Entidad Aseguradora realice una devolución de la parte equivalente a los 2 meses donde estuvo imposibilitada la movilidad.
  • Descontar de la prima del Seguro de Responsabilidad Civil Obligatorio 2020-2021, en base a los mencionados meses de marzo y abril del año 2019-2020,
  • Ampliación de las coberturas por 2 meses más para el año 2020-2021.
  • En el caso de que el usuario no quiera prorrogar el contrato o la aseguradora no acepte aplicar la reduccion de la siguiente cuota anual, el usuario tendrá derecho ”a la resolucion del contrato” (Art. 13 LCS), aunque no la comunique con el mes de antelación que establece la norma, y a la devolucion de la diferencia entre la prima satisfecha y la que le hubiese correspondido pagar.

Como abogados expertos en Derecho Civil podemos ayudarte con tus reclamaciones, especialmente, si como profesionales del transporte o del alquiler de vehículos contáis con varios seguros cuyas primas pueden ser reclamadas, y por lo tanto, suponer un ahorro importante en este momento tan complicado para los sectores que dependen económicamente de la movilidad de los ciudadanos.

 

Daniel García Ramírez

Graduado en Derecho

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Dime dónde te confinaste y te diré dónde tributas https://mendezpadilla.es/estado-alarma-residencia-fiscal-2020/ https://mendezpadilla.es/estado-alarma-residencia-fiscal-2020/#respond Tue, 20 Oct 2020 06:17:23 +0000 https://mendezpadilla.es/?p=1072 El estado de alarma altera la norma que fija la residencia fiscal para 2020.

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El estado de alarma computará a efectos de determinar la residencia fiscal este año 2020

El pasado 14 de marzo se decretó en España el estado de alarma (Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo) con ocasión de la crisis sanitaria producida por la COVID-19, imposibilitando a una gran cantidad de personas en España su movilización a sus respectivos países de origen, provocando dicha situación las dudas de muchos de ellos sobre su tributación en nuestro país.

Trayendo a colación nuestra Ley del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (En adelante LIRPF) establece en su artículo 8, quienes consideran sujetos pasivos de este Impuesto entendiendo que adquirirán la condición de contribuyentes “aquellos que tengan su residencia habitual en territorio español”, estableciendo el artículo 9 de la LIRPF que se entiende que una persona física tiene su residencia habitual en España cuando permanezca en territorio nacional más de 183 días naturales al año”.

Recordemos que el estado de alarma ha durado en España un total de 174 días, desde el 15 de marzo hasta el 21 de junio de 2020, faltando únicamente 9 días de diferencia para que se produzca dicha obligación de tributación a efectos de hacienda en España.

Así pues, a fin de despejar cualquier tipo de controversia que pueda surgir al respecto y sentar una doctrina unificada en torno a esta situación generada como consecuencia de la crisis sanitaria, la Dirección General de Tributos (En adelante DGT) ha concluido en una de sus últimas resoluciones (V1983-20, de 17 de junio) que el tiempo que duró el estado de alarma en España computará a efectos de determinar la residencia fiscal en España, contraviniendo con ello las recomendaciones de la Organización para la cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE), quién instó a los países a no contabilizar dichos días en el cómputo de residencia fiscal.

En el presente caso analizado por la DGT, nos encontrábamos con el supuesto de un matrimonio libanés que llegó a España en enero del presente para una estancia de tres meses, que se tuvo que alargar como consecuencia de la declaración del estado de alarma. Entendiendo la DGT que, la regla de los 183 días durante el año natural (que incluye las ausencias esporádicas) da lugar a considerarlos contribuyentes del impuesto, por lo tanto, al permanecer más de 183 días por la declaración del estado de alarma, son considerados contribuyentes.

Por ende, toda persona que haya permanecido más de 183 días en España dentro del año natural como consecuencia de la declaración del estado de alarma va a ser considerado residente fiscal en España y devendrá obligado a tributar por toda la renta mundial en nuestro país, teniendo que cumplir con las obligaciones fiscales inherentes a tal condición.

Para terminar, señalar que si algún familiar ha fallecido durante ese tiempo, al ser considerado residente fiscal en España deberá presentar el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en España.

Sin duda, serán muchas las personas con residencia esporádica en España a las que la sobrevenida situación de alarma va a afectar con la consideración de residentes habituales para la Administración Tributaria española. Para evitar sorpresas os recomendamos realizar vuestra planificación fiscal contando con este factor que adaptamos con aire refranesco: dime dónde te confinaste y te diré dónde tributas.

 

Javier de la Cruz Rodríguez

Graduado en Derecho

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Delimitación temporal de la responsabilidad por deudas sociales de los administradores https://mendezpadilla.es/delimitacion-temporal-responsabilidad-deudas-administrador/ https://mendezpadilla.es/delimitacion-temporal-responsabilidad-deudas-administrador/#respond Thu, 15 Oct 2020 06:29:55 +0000 https://mendezpadilla.es/?p=1063 Exponemos cómo limitan la responsabilidad del administrador las condiciones temporales de las deudas de una sociedad.

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Exponemos cómo limitan la responsabilidad del administrador las condiciones temporales de las deudas de una sociedad.

Para evitar malos ratos y noches de insomnio innecesarias para administradores que se encuentren al frente de sociedades incursas en causa de disolución por pérdidas, venimos a recordarles la delimitación y alcance temporal de la responsabilidad por deudas del administrador. En este sentido, la Sentencia de la Sala Civil del Tribunal Supremo nº 601/2019, de 8 de noviembre de la que fue ponente el Magistrado Excmo. Sr. D. Ignacio Sancho Gargallo interpreta el alcance de la responsabilidad por deudas sociales del administrador conforme a lo dispuesto en el art. 367 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), y establece que:

“En el art. 367 LSC  la responsabilidad del administrador se anuda al incumplimiento del deber de promover la disolución. El reproche jurídico que subyace a la responsabilidad del art. 367 LSC se funda en el incumplimiento de un deber legal (de promover la disolución de la sociedad o, en su caso, de instar el concurso de acreedores).

La Ley en esos casos, estando la sociedad incursa en una de las causas legales de disolución, constituye al administrador en garante solidario de las deudas surgidas a partir de entonces, si incumple el deber legal de disolver dentro del plazo legal. La justificación de esta responsabilidad radica en el riesgo que se ha generado para los acreedores posteriores que han contratado sin gozar de la garantía patrimonial suficiente por parte de la sociedad del cumplimiento de su obligación de pago.

Esta razón que llevó al legislador a ceñir el alcance de la responsabilidad a las deudas posteriores a la aparición de la causa de disolución, nos debe llevar a concluir que en caso de cambio de administrador, desde que asume la administración, para él nace un nuevo plazo de dos meses para promover la disolución, cuyo incumplimiento le hará responsable solidario de las deudas sociales posteriores al momento en que asumió la administración de la sociedad. Esto es, su responsabilidad alcanza a todas las deudas sociales surgidas mientras él era administrador y estando la sociedad en causa de disolución, pero no a las anteriores a su nombramiento ni a las posteriores a su cese.”

Por tanto, si el administrador acepta el cargo cuando la sociedad está en causa de disolución sin que el anterior administrador hubiera convocado junta general para que adoptase acuerdo de disolución, o en su caso instase la disolución judicial o el concurso de acreedores, solo responderá de las deudas sociales que se originen después de que hubieran trascurrido dos meses desde que aceptase su cargo, pero nunca se le podrá declarar responsable de las deudas que sean anteriores su nombramiento ni las que se origen tras un posterior cese en el órgano de administración.

De esta forma, debemos tener presente además, que la delimitación temporal de la responsabilidad de los administradores, implica que aunque los administradores hubieran incumplido el deber de promover la disolución, una vez cesados de su cargo, no responden de las deudas que pudiera contraer la sociedad con posterioridad a su cese, sino tan sólo de las deudas que existían mientras eran administradores como ya apuntaba la Sentencia del Tribunal Supremo de 14 de octubre de 2013 (Roj: STS 4932/2013 – ECLI: ES:TS:2013:4932). Lo anterior debe ponerse en relación con el hecho de que para decidir si la obligación es anterior o posterior sería la fecha de nacimiento de la obligación, no su completo devengo o exigibilidad ni la fecha de la sentencia que lo pudiese declarar, como apuntaba el Tribunal Supremo en su Sentencia de 10 de marzo de 2016 (Roj: STS 986/2016 – ECLI: ES:TS:2016:986).

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Rafael Roldán Álvarez-Claro

Abogado

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Ampliación de las medidas en los arrendamientos de vivienda https://mendezpadilla.es/ampliacion-medidas-arrendamientos-vivienda/ https://mendezpadilla.es/ampliacion-medidas-arrendamientos-vivienda/#comments Tue, 13 Oct 2020 15:44:55 +0000 https://mendezpadilla.es/?p=1045 La evolución de la pandemia generada por la COVID-19 ha provocado que se amplíen las medidas tomadas a finales de marzo para los arrendamientos de vivienda habitual.

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La evolución desfavorable de la pandemia generada por la COVID-19 ha provocado que se amplíen las medidas tomadas a finales de marzo para los arrendamientos de vivienda habitual.

El pasado 29 de septiembre de 2020, se dictó el Real Decreto-ley 30/2020, de medidas sociales en defensa del empleo (publicado en el BOE de fecha 30 de septiembre). El citado Real Decreto, a través de la Disposición final cuarta, modifica el anterior Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, por el que se adoptaron determinadas medidas urgentes complementarias en el ámbito social y económico para hacer frente al COVID-19, cuyo aspecto más significativo, fue la adopción de determinadas medidas en materia de arrendamientos, y que ya fue objeto de análisis en un post anterior en el que analizábamos las medidas que se tomaban en aquel Decreto.

En la actualidad, se vuelve a regular las condiciones aplicables a tres situaciones concretas:

  1. Los procedimientos judiciales de desahucio para hogares vulnerables. La primera medida de ayuda al alquiler de vivienda habitual que preveía el Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, era la suspensión extraordinaria durante un periodo máximo de 6 meses los procedimientos de desahucios y los lanzamientos, plazo que vencía el pasado 2 de octubre. Actualmente, como consecuencia de la última reforma operada se amplía dicho plazo hasta el 31 de enero de 2021.
    A tal efecto, se regula lo siguiente, siempre que se solicite por el arrendatario en el Juzgado: a) En el supuesto de que el procedimiento estuviese pendiente de lanzamiento, la situación de vulnerabilidad del arrendatario deberá ser comunicada al Letrado de la Administración de Justicia, que lo pondrá en conocimiento de los servicios sociales, y se iniciará una suspensión extraordinaria del acto del lanzamiento previsto hasta el 31 de enero de 2021; b) En todo caso, y para los supuestos donde no se haya celebrado el Juicio, y no haya transcurrido el plazo de oposición a la solicitud de desahucio, se suspenderá el plazo de oposición del arrendatario y la fecha de Juicio hasta que se adopten las medidas que los servicios sociales competentes estimen oportunos, por un periodo máximo hasta el 31 de enero 2021.
  2. Prórroga extraordinaria del contrato de alquiler, en los supuestos de vivienda habitual: el anterior Real Decreto-ley 11/2020, de 31 de marzo, preveía una prórroga extraordinaria por un periodo máximo de 6 meses, previa solicitud del arrendatario, para aquellos contratos de arrendamiento que finalizasen dentro del periodo comprendido entre el día 2 de abril de 2020 y 2 meses después de que finalizase el estado de alarma -esto es, el 21 de agosto 2020-, periodo durante el cual, se seguiría aplicando los términos y condiciones establecidos en el contrato.Posteriormente, a través de otra reforma posterior, operada por el Real Decreto- Ley 26/2020 de 7 de julio, -con entrada en vigor el día 9 de julio-, se extendió la posibilidad de solicitar la prórroga extraordinaria del contrato hasta el 30 de septiembre de 2020.Finalmente, con la última reforma efectuada el pasado 29 septiembre (Real Decreto-Ley 30/2020), se faculta al arrendatario para solicitar la prórroga del contrato por 6 meses, hasta el 31 de enero de 2021. La norma exige que la prórroga sea aceptada por la propiedad, e introduce como novedad, a modo de excepción, que el contrato no se prorrogará cuando el arrendador haya comunicado la necesidad de ocupar la vivienda para destinarla a vivienda permanente para sí o para familiares de primer grado, adopción o para su cónyuge.
  3. Por último, con el Real Decreto-ley 30/2020 de 29 de septiembre, se prorroga y extiende la posibilidad de solicitar la moratoria o condonación parcial de la renta hasta el 31 de enero de 2021, en los supuestos de que el arrendador sea un gran tenedor o una entidad pública, y siempre que dicho aplazamiento o la condonación total o parcial de las rentas no se hubiese conseguido con anterioridad por acuerdo entre las partes.

Una ampliación de la protección para el arrendatario a la que obliga la situación actual derivada por la pandemia y de la que informamos a los lectores de nuestro blog al que querríamos invitaros a suscribiros por e-mail utilizando el formulario que encuentras en el lateral de este artículo si nos lees en ordenador o más abajo si lo haces desde el móvil.

 

Ana Díaz Rosado

Abogada

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Prórroga y última oportunidad para reclamaciones y cobro de deudas antiguas https://mendezpadilla.es/prescripcion-cobro-deudas-codigo-civil-prorroga/ https://mendezpadilla.es/prescripcion-cobro-deudas-codigo-civil-prorroga/#respond Mon, 05 Oct 2020 07:22:45 +0000 https://mendezpadilla.es/?p=1039 El nuevo plazo general de prescripción de las acciones civiles quedará fijado en 5 años. Ese plazo entraba en vigor el 7 de octubre de 2020 pero se ha prorrogado.

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El 6 de octubre de 2015 se publicó en el BOE la Ley 42/2015, de 5 de octubre, de reforma de la Ley 1/2000, de Enjuiciamiento Civil que modificaba, entre otras medidas, la prescripción del plazo general establecido para las acciones personales. Se acerca su entrada en vigor.

Parece que fue ayer, pero ya han pasado casi 5 años, desde que, en nuestro post publicado en el blog de Emede ETL Global de fecha 10/11/2015, anunciábamos la nueva regulación de la prescripción en el Código Civil, modificando el artículo 1964 de dicho cuerpo legal para fijar el plazo general de prescripción en 5 años, cuando anteriormente estaba en 15 años. Entonces quedó claro que existía una fecha límite para las reclamaciones dimanantes de relaciones con cierta antigüedad, como consecuencia de la aplicación de la Disposición Transitoria Quinta de la Ley 42/2015. Esa fecha era el 7 de octubre de 2020.

Ahora bien, debido a la pandemia producida por la Covid-19 y al Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo, por el que se declaró el estado de alarma para la gestión de la crisis sanitaria del coronavirus que suspendió los plazos de prescripción y caducidad, se ha producido una prórroga a esa fecha, siendo ésta la nueva fecha límite: el 28 de diciembre de 2020. Efectivamente, será en esa señalada fecha del Día de los Santos Inocentes, y en este caso paradójica, cuando prescribirán las deudas sin plazo de prescripción especial y anteriores al 7 de octubre de 2015.

En definitiva se ha ampliado el plazo en los 82 días que ha durado la suspensión de los plazos durante el estado de alarma, a contar desde el día 7 de octubre de 2020, lo que nos sitúa en la nueva fecha tope indicada del 28 de diciembre de 2020, para efectuar las reclamaciones que se tengan por numerosos motivos con las que podemos ayudaros como abogados especializados en Derecho Civil, tales como deudas pendientes de cobro por facturas impagadas, préstamos sin garantía hipotecaria no cobrados en fecha, rentas impagadas, así como reclamaciones de daños y perjuicios, costes financieros o acciones de resolución de contrato por incumplimiento, entre otras acciones  judiciales.

En consecuencia, debemos marcar en el calendario esa fecha (28 de diciembre de 2020), buscar la documentación y poner en marcha las reclamaciones que tengamos pendientes, so pena de ver cómo las mismas quedarán extinguidas por prescripción. Poca broma.

 

José Miguel Méndez Padilla Abogado – Socio Director

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